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En
septiembre del año pasado, el Decreto 788/03 le determinó
al INTI una serie de obligaciones en la aplicación de
la ley de metrología, que cambian de manera sustancial
la relación de este Organismo con las empresas.
Al tener que aprobar modelos de instrumentos de medida, realizar
la verificación periódica de su funcionamiento
e incluso hacer la vigilancia de uso, aparece una función
de control que no era visualizada como la propia de este ámbito,
mas vinculada a la asistencia técnica o a otras formas
de colaboración por relación espontánea,
sin una pauta oficial que la haga obligatoria. Muchos profesionales
del Instituto se preguntan si es razonable ejercer una suerte
de poder de policía, así sea indirecto. Imaginamos
que muchas empresas se podrían preguntar lo mismo.
El tema no se limita a la metrología. Acaba de entrar
en vigencia una ley que hace obligatoria la fortificación
de harinas de trigo, con hierro y vitaminas. INTI está
analizando con la Federación de Molineros un sistema
de certificación, que desaliente la posibilidad de declarar
que se cumple con la ley, cuando no se agreguen los componentes.
De manera similar, se ha puesto en marcha un acuerdo con las
Cámaras de joyería para certificar de manera voluntaria
el contenido de metales preciosos en las joyas. Hay varias situaciones
similares en proceso.
Sea voluntario u obligatorio, que el INTI, u otro organismo
público, declare que alguien cumple con una norma de
calidad o de funcionamiento, divide las aguas entre quienes
cumplen y los que no lo hacen. ¿Está bien? ¿Es
esto pertinente?; ¿O un organismo de asistencia tecnológica
debería limitarse a eso, a la asistencia, y dejar que
otros marquen las diferencias?
Para encontrar una respuesta convincente a esta duda, será
preciso entender qué quiere decir pasar de una economía
regida excluyentemente por el dogma del libre mercado, a otra
donde la responsabilidad social es un componente de mayor peso
en la ecuación. En la primera, se diría que toda
intervención es superflua, porque en definitiva los consumidores
decidirán quien es su proveedor mas adecuado. En la segunda,
se debe partir de la verdad y no de afirmaciones puramente axiomáticas.
La realidad es que el consumidor no tiene - casi nunca - los
elementos para discernir si lo que afirma su proveedor es técnicamente
correcto. ¿Cómo sabría un consumidor normal
de harina de trigo que se le han incorporado las vitaminas pautadas?
Alguien independiente se lo debe confirmar. Una posibilidad
es montar laboratorios de control específicamente dedicados
a eso. Porque, aclaremos, se necesita un laboratorio de análisis
y verificación. Estas cuestiones no se pueden definir
a través de un expediente con una declaración
jurada, como imaginó livianamente - como mínimo
- Domingo Cavallo en cada una de sus gestiones como Ministro
de Economía.
¿Tendría sentido duplicar recursos - un laboratorio
de control y otro de asistencia - en un país tan escaso
de elementos en el campo de la ciencia y la técnica?
Definitivamente no. Por otra parte, mirado desde un ángulo
distinto, a la industria toda le conviene ejercer y demostrar
la calidad. Controlar y asistir son dos funciones complementarias
y no contradictorias, en un país que está irreversiblemente
integrado a un mercado global y que tiene permanentes demandas
externas para demostrar que lo que vende es bueno, adecuado,
seguro.
La transición de una visión persecutoria- "ojo
que viene la cana" - a otra más cooperativa- trabajemos
juntos para cumplir con una norma sensata - es en parte problema
nuestro, del INTI, y en parte problema de los actores productivos.
Pero no es un hecho menor o antojadizo. En su esencia está
la voluntad de cambio, de hacer un país distinto, sin
quedarse en el discurso.
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