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Investigación
privada, saberes públicos
Ha
comenzado un debate alrededor de la investigación en
el desarrollo de semillas, cuyo alcance supera el límite
sectorial. La discusión comenzó hace algunas pocas
semanas, ante el anuncio de la firma Monsanto que desactivaría
su labor en el país, en investigación sobre semillas
de soja, para concentrarse en maíz.
La diferencia entre un cultivo y otro, en rigor entre trigo
y soja por un lado y maíz, sorgo o girasol por el otro,
es que en los primeros la fructificación se produce por
autofecundación en cada planta, de un modo tal que no
permite la polinización cruzada, esto es: que el polen
de una planta fecunde la flor de otra. Esto último sí
es posible en el maíz, girasol o sorgo, con diverso grado
de dificultad, pero posible. Se obtiene en este caso un fruto
híbrido - combinación de dos líneas genéticas
- que si es usado como semilla para un cultivo posterior, genera
rendimientos superiores a los de una línea simple.
El efecto económico para los semilleros es directo. El
grano de trigo o soja, si es adecuadamente acondicionado, puede
ser usado como semilla en la siembra siguiente. Por lo tanto,
un chacarero cuidadoso no necesita recurrir a la compra de semilla
año a año.
En cambio, el grano producto de la siembra de una semilla híbrida
de maíz, sorgo o girasol, no debe ser usado como semilla
en el siguiente ciclo, porque el cultivo obtenido sería
enteramente heterogéneo, por dispersión de los
atributos genéticos, que reducirían su valor comercial.
Quien siembre semillas híbridas, debe recurrir al semillero
todos los años.
Esta diferencia, y sus efectos sobre la rentabilidad de los
semilleros, es por supuesto conocida desde siempre. Sin embargo,
la cuestión toma otra dimensión cuando aparecen
las variedades con un trabajo de ingeniería genética
incorporado, buscando incorporar diversos factores, como resistencia
a pestes, a sequía o a enfermedades post cosecha. Aquí
hay un trabajo de investigación adicional y costoso,
que en el caso del trigo o la soja, luego queda en manos del
chacarero, que puede decidir comprar la semilla una sola vez.
El dilema es importante: ¿Cuál es la condición
que permite incentivar y dar sustentabilidad a la investigación
en un producto ( las semillas de trigo o soja son solo un ejemplo
aislado) cuyos resultados son de fácil - o de conveniente
- apropiación colectiva?
En el mundo desarrollado se han planteado esta pregunta de todas
las formas posibles y en infinidad de foros. La respuesta ha
terminado por ser homogénea: En esas situaciones la columna
vertebral de la investigación deben ser instituciones
del sector público. Es decir: la evolución científica
y tecnológica de aquello que es de apropiación
social - porque se quiere que sea así o por razones técnicas
- debe ser financiada con impuestos.
Sin esta nitidez conceptual, así ha sucedido en el pasado
en la Argentina, porque muy importantes desarrollos en semillas
fueron hechos en el INTA, así como los laboratorios de
YPF o SEGBA o ENTEL fueron quienes lideraron la innovación
local en los respectivos sectores. Los cambios en la estructura
productiva de los últimos 15 años, no solo hicieron
desaparecer al Estado de la producción directa sino también
de la investigación y el desarrollo en todos esos sectores.
El capital humano fue absorbido por el sector privado o quedó
desocupado; la producción directa fue reemplazada por
la iniciativa privada, en algunos casos con mejor eficiencia
y la investigación y el desarrollo en buena medida se
evaporaron. Antes de la ola privatizadora el desarrollo con
apropiación social era responsabilidad implícita
del sector público. Después de esa ola, aún
no aparece como responsabilidad explícita.
Por tal falta de precisión, es posible discutir los derechos
de Monsanto en los términos actuales, donde la empresa
propone - y se considera posible - la creación de tasas
sobre la venta de los productos finales, que resarcirían
a los semilleros por su investigación. En rigor, si copiáramos
a las políticas mas exitosas - Australia o Canadá,
por ejemplo - se podría aplicar una tasa o simplemente
se destinaría una pequeña alícuota de los
impuestos actuales para financiar una actividad de un organismo
público ( en este ejemplo INTA), que fuera potente y
sostenible en el tiempo, de modo de contar con una base de conocimiento
nacional difundible. Esto no impediría la actividad de
otros actores, pero recorrería el camino del sentido
común, que indica que la concentración de la capacidad
de mejorar los bienes - económicos o no - a los que la
comunidad tiene amplio acceso o que son básicos para
la subsistencia, será seguramente negativo para la calidad
de vida general en el largo plazo.
¿Alguien puede imaginar como sería vivir en una
sociedad en que, frente a niveles crecientes de contaminación
del aire, una empresa fuera dueña exclusiva del conocimiento
sobre como contar con aire puro? Toda iniciativa que nos acerque
a ese infierno, aunque sea en mínima proporción,
debería ser revisada.
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| Fecha |
2004-03-24 04:48:54 |
| Nombre |
Eduardo Baird |
| Titulo |
Técnico Químico |
| Comentario |
La política de Monsanto en muchos aspectos bordea con la ilegalidad. No sólo nos impone su soja frankestein, con un 200 % más de glifosato de lo permitido (Le Monde Diplomatique), sino que contribuye de muchas maneras a la destrucción de nuestra biodiversidad. |
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