 |
|
|
|
Nro.
26 - Marzo 2005 |
|
|
|
|
|
 |
|
||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||
|
Ciencia y Tecnología: género femenino; número
singular. ( 8 de Marzo ) |
||||||||||||||||||||
| EDITORIAL |
||||||||||||||||||||
| Todos
adentro Tal vez sea necesario recordar con frecuencia –día a día– que las bases de la organización social moderna tienen un componente contradictorio, con el cual hay que aprender a convivir. En efecto, todos amamos la libertad y la consideramos un bien supremo. También entendemos que la propiedad privada forma parte de las aspiraciones individuales más elementales. Pero cuando la libertad de iniciativa y la propiedad privada se convierten en los motores excluyentes de la evolución social, se generan conflictos muy agudos. Ante la puja alrededor de bienes escasos y la concentración de poder resultante, el Estado debe intervenir con un poder regulador de dimensión proporcional al posible conflicto, que es siempre grande. Ninguna sociedad ha podido resolver esta contradicción. Si se deja ejercer por todos, en plenitud, los valores esenciales que se quiere defender, sobreviene el desastre. Por lo tanto, toda comunidad está en permanente tensión, buscando equilibrios que hagan vivible el hoy y ahora. La evidencia más notoria de los fracasos es la pérdida de posibilidades de una fracción grande de la población. La llamada exclusión, o marginación, de millones de seres humanos sin recursos ni horizonte, carga de responsabilidades y de culpas tanto a funcionarios como a gente común con sensibilidad. Las discusiones sobre la forma de mejorar la perspectiva de los marginados llena bibliotecas enteras, pero además, el conflicto social resultante queda en evidencia en las calles cada día. Hay otra forma de exclusión que no recibe la misma atención y que buena parte del tiempo logra pasar desapercibida. Es la auto exclusión de los poderosos; la omisión de quienes más tienen y pueden, respecto de una serie de obligaciones comunitarias. En términos individuales, ya es un clásico de la defraudación colectiva inscribir una propiedad a nombre de una sociedad extranjera, o dejar de pagar impuestos inmobiliarios, contando con la prescripción del pago a los cinco años de la obligación. Hay partidos de la provincia de Buenos Aires donde el dueño de un campo que se presenta a pagar los impuestos es saludado como un personaje extraño. Pero aún mas oculto queda el incumplimiento de otras obligaciones. El incendio de la disco el pasado diciembre muestra, por ejemplo, que la inscripción de una sociedad comercial en el exterior no debe ser examinada solo en sus aspectos impositivos. Esa conducta también significa eludir la responsabilidad que le corresponde a quien trabaja de organizador social, que está definiendo escenarios de acción colectiva que pueden reunir miles y miles de personas. Por lo tanto, una empresa “off shore”, en esta actividad, puede ser legal según las normas económicas o financieras, pero debiera ser totalmente prohibida según las normas de responsabilidad civil más elementales, pues está preanunciando un fraude ético y moral peligroso. Hay temáticas de alta importancia tecnológica que han sido –y son– muy vapuleadas a consecuencia de esta cultura sesgada, que establece una relación lineal y simple entre el inversor y sus obligaciones, limitando éstas solo a lo impositivo o legal más elemental. La privatización de empresas de servicios, por ejemplo, no estableció la obligación de realizar investigaciones en el país. Un resultado: el equipamiento del laboratorio de YPF en Florencio Varela, el más importante de Sudamérica, se vendió como chatarra de hierro y de vidrio. Los equipos de investigación de SEGBA o de ENTEL, se diseminaron a los cuatro vientos. Los incentivos vigentes a las inversiones –amortización acelerada o recuperación anticipada de IVA– no discriminan su aplicación según el origen de los bienes utilizados, por lo que no hay ningún estímulo para usar equipos nacionales. La facilidad para importar bienes cuando luego se los ha de transformar y re-exportar –el régimen de importación temporaria– no establece diferencia alguna entre la posibilidad de importar materias primas a las que luego se les aplica un largo proceso industrial o materias semielaboradas a las que se les haga un modesto retoque, con lo cual no se estimula la integración nacional de la cadena de valor. Estos ejemplos siguen y siguen, en algunos casos por tortuosos caminos. Pero todos tienen un sesgado denominador común: suponer que quien tiene capacidad económica inversora es bueno para el país. No importa que esa capacidad se use para beneficio de un pequeño grupo, descartando a muchos otros eslabones posibles de diseminación de trabajo. No importa que el efecto sobre la organización social sea negativo. Esta forma de exclusión –exclusión de las obligaciones comunitarias, omisión de una visión estratégica integrada a sectores amplios de la sociedad– es en rigor la causa de la otra, la que aparece en los diarios y en las calles, como pobreza y marginación. Ignorar la primera es consolidar la segunda. Incluir a los poderosos en un sistema de derechos y obligaciones de amplio espectro, que supere la mirada de la AFIP, es una asignatura pendiente.
|
||||||||||||||||||||