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Nro.
27 - Abril 2005 |
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¿Quién dará vuelta la postal? El derroche energético
de los ricos se exporta como guerra, miseria y contaminación. |
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| EDITORIAL |
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| Estado,
mercado y comunidad: crisis y respuestas. Nuestro país ha tenido, tiene y es muy probable
que siga teniendo situaciones críticas, que movilizan todo
tipo de sensaciones en cada uno de nosotros. Solo en el corriente
año nos han interpelado: la seguridad en los espacios públicos;
el riesgo de inflación, y viene llegando el déficit
de energía. Una vía es la de la autoridad formal y la reglamentación de la vida. Un organismo decide cómo se autoriza el funcionamiento de un local bailable y hay inspectores que verifican en detalle que se cumplan las normas. En esa línea, luego se agregan policías y más inspectores cuando el local funciona. El criterio equivalente, en el caso de la inflación, sería fijar precios máximos. Para la emergencia energética, sería establecer cuánto puede consumir cada unidad productiva o cada unidad familiar. Como todos sabemos, de estos tres escenarios, solo el primero goza de consenso. Los otros dos (control de precios, o límites normativos al consumo energético), no sólo no se proponen, sino que seguramente serían repudiados masivamente. ¿Por qué? Mas allá de su eficiencia intrínseca, que podríamos discutir largamente, la causa es que en los últimos treinta años nuestra cultura se ha formado alrededor de criterios de mercado y el dirigismo estatal a ultranza ha perdido casi toda credibilidad posible, cuando de cuestiones económicas se trata. Si se piensa que debe ser el mercado el que ordena, aparece un segundo tipo de respuesta gubernamental: crear incentivos o castigos económicos para que cambien las conductas (sea de empresarios o de consumidores) y con eso se consiga un equilibrio más aceptable. Para frenar la inflación se suele proponer bajar algunos impuestos que se trasladan a los precios en forma directa, como el IVA; aumentar las retenciones a las exportaciones de productos de consumo básico en el país; acuerdos con formadores de precios, a cambio de beneficios impositivos o crediticios. En el escenario energético, esto se correspondería
con aumentar el precio del gas a grandes consumidores o con el sistema
de premios y castigos que se aplicó para las familias el
año pasado. Hasta los más ortodoxos descartan aquí
esperar que el mercado ordene por completo y sin intervención
del Estado. Eso significaría dejar que los precios aumenten
y cuando el consumo se reduzca, esperar que vuelvan a bajar. O dejar
que los precios aumenten y que luego de la primera ola de inflación,
ésta quede controlada por la presión de los productos
importados. Así se pensó en la década del 90
y así nos fue. Sin embargo, hay un tercer camino, proclamado con
fuerza hace más de 50 años y que no tuvo tiempo de
plasmarse en políticas concretas: el Estado estimulando y
promoviendo la “comunidad organizada”, también
llamada “sociedad civil”, o aún, “tercer
sector”, según las diversas academias. En el caso de la inflación, sería promover activamente que los consumidores compren aquellos bienes, de las marcas y en los lugares, donde no aumenten los precios. Sin necesidad de piquetes o de presión física alguna, que no es mas que una mala variante del intento de reglamentar desde la autoridad. La información y la invitación pública a comprar alguna cosa o dejar de comprar otra, es una acción de educación cívica y de ejercicio legítimo del control comunitario. Sin embargo, debe ser acompañada de las medidas que eviten el abuso de poder hacia pequeños productores y proveedores, por parte de oligopolios comerciales o industriales más fuertes. El concepto de “comunidad organizada” debe orientarse a evitar el abuso del poder financiero en beneficio propio, como hacen los hipermercados cuando compran mucho mas barato, y en condiciones leoninas, que los comerciantes más pequeños. Tales abusos y situaciones monopólicas –aunque los argentinos seamos incrédulos sobre esto– son ilegales en Estados Unidos desde antes de 1940. También debe llevar a evitar que quien controla un mercado mejore su rentabilidad solo aumentando los precios o frenando los salarios, o sea, a costa de los consumidores o de sus trabajadores. “Comunidad organizada” es también transparencia y publicidad en la información y en la evaluación de las causas de los problemas. Es debate público, pero de ideas, no de chicanas. En la energía, finalmente, que se trata con extensión en este número de Saber Cómo, el camino alternativo a los actuales –y en el cual creemos firmemente– es el uso racional de la energía. En nuestro país no existen estándares de uso de gas por tonelada de cemento o de acero o de ningún producto que utilice mucha energía. No existe un programa que difunda cuánto se consume aquí y cuánto en otros lugares con industrias equivalentes. Por lo tanto, no existe una estrategia general de mejora técnica en este campo, que incluya investigación, experimentación e incentivos a la innovación. El problema se maneja con estímulos básicos de mercado: Si no consumís menos, te cobro más. Pero a la comunidad le debe interesar otra cosa: ¿este nivel de consumo, es realmente necesario? Podemos desde ya decir que el INTI tiene decenas de ejemplos que ilustran el despilfarro o la simple ineficiencia. La sanción actual es el costo. Que la mayoría traslada al precio. Por lo tanto el despilfarro de energía lo pagan los consumidores. La comunidad hoy no solo no percibe el hecho, sino que no es convocada a entenderlo, a asumirlo como un tema de interés y compromiso propio. El Estado conduce la vida comunitaria. ¿Por qué no aspirar a que sean los miembros de la comunidad quienes definan, organizadamente, cómo debe ser esa conducción y además cómo deben participar de ella, al menos en los grandes temas que afectan la vida presente y el futuro de todos?
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