El informe de la Business for Social Responsibility (BSR), en su Apéndice IV, indica que el cumplimiento de las expectativas sociales se reconoce en la obtención de una Licencia Social para Operar. Esto significa que la empresa ha logrado el respaldo de las partes interesadas para la ejecución del proyecto, además de cumplir con los requisitos legales para su explotación. Los principales requisitos para obtener esta licencia implican que:

La empresa informe completamente sus operaciones a la comunidad
Una empresa debe ser abierta y honesta acerca de su proyecto, y brindar información veraz y pertinente sobre el mismo, sus métodos y posibles impactos positivos y negativos. En caso de potenciales impactos negativos, la empresa debería brindar a la comunidad la información necesaria sobre el modo en que se evitarán o mitigarán dichos impactos. Esta información debería ofrecerse gratuitamente a la comunidad y no estar disponible sólo cuando se la solicitara, tal como promueve la noción de “transparencia”.

La empresa comunique la información necesaria según las necesidades de la comunidad local
La comunicación de la información necesaria podría incluir por ejemplo, la traducción de documentos, el resumen de información técnica, la distribución de informes escritos, la preparación de presentaciones de audiovisuales, la elaboración de maquetas en escala de la mina propuesta, etc. También puede implicar la búsqueda de los vehículos adecuados para brindar la información necesaria, incluidas presentaciones individuales a varios grupos de la comunidad, la creación de un comité conjunto comunidad-empresa para estudiar varios aspectos del proyecto, la celebración de asambleas públicas, entre otros.

La comunidad tenga la oportunidad de participar en las decisiones que la afectan
En algunos casos, esto podría incluir el compromiso de contratación de mano de obra local, la promoción de negocios locales, el control ambiental conjunto y un acuerdo sobre los procesos de cierre. En este asunto, las empresas trabajan con las estructuras e instituciones locales, como ser los gobiernos municipales, las organizaciones sociales de las áreas de salud y educación, los grupos de negocios y las organizaciones ambientales. En algunos casos, es necesario crear una nueva estructura comunitaria que constituirá el vehículo principal para definir los intereses de la comunidad y tratar con la empresa.

El proyecto se lleve a cabo teniendo en cuenta un desarrollo sostenible
El concepto de desarrollo sostenible abarca las tres áreas mencionadas más arriba, los impactos ambientales, económicos y sociales.

Ambiental: los proyectos mineros modifican el paisaje existente. Las empresas responsables reconocen que la atención dada a los impactos ambientales es fundamental si desean continuar obteniendo una licencia social para operar. Por ello, procuran reducir al máximo los impactos negativos en el área y restaurar o remediar las zonas que resulten afectadas por la explotación. A la vez que brindan información sobre los posibles impactos ambientales, las empresas apoyan cada vez más la creación de un Comité de Control Ambiental conjunto Comunidad-Empresa encargado de llevar a cabo el control de los impactos ambientales durante la explotación de la mina. Este comité también asegura que se ejecuten los planes propuestos de mitigación y reparación a largo plazo, incluidos los de la etapa de cierre de la mina.

Económico: un proyecto minero se diseña para cumplir tanto con consideraciones operativas para la administración de la mina como también para aumentar el bienestar de la comunidad durante y después de la vida de la mina. En términos socialmente responsables, las comunidades y empresas examinan el modo en que puede dejarse en el área un beneficio neto. La creación de puestos de trabajo es una parte de este proceso. Las fuentes locales de servicios y suministros es otra práctica, sin embargo, estos son beneficios transitorios y podrían, en realidad, aumentar la dependencia de la comunidad en el funcionamiento de la mina. Por lo tanto, las comunidades y las empresas están mirando más allá de estas operaciones para encontrar beneficios netos para las comunidades. Por ejemplo, identificar el modo en que la presencia de la empresa podría contribuir a una infraestructura local mejorada, en materia de agua o caminos y aumentar las actividades económicas existentes o alternativas. Se trata de acrecentar el potencial bienestar económico de las futuras generaciones de la ciudad o de la región. En conclusión, la decisión final debe coincidir con la visión de las comunidades acerca de sus propias necesidades de desarrollo a largo plazo.

Social: las empresas promueven mucho los impactos sociales positivos, por ejemplo el aumento de la población, de la base imponible local, y de una mayor diversidad comercial y empresarial.. Sin embargo, las empresas mineras también reconocen ahora la necesidad de tomar medidas para resolver los impactos sociales negativos antes de que se produzcan, como ser el aumento de los precios inmobiliarios, la afluencia de trabajadores no locales, y el aumento de los problemas sociales como el alcoholismo y la prostitución. Finalmente, se debe realizar una planificación respecto del período de cierre, incluidos posibles programas de reubicación del personal que no desee permanecer en la comunidad.

Business for Social Responsibility (BSR), www.bsr.org