La cuestión de la Responsabilidad Social Corporativa trae de la mano el tema de la responsabilidad social de los profesionales, en tanto ciudadanos, así como de las instituciones de ciencia y tecnología, en tanto servicios públicos de producción y gestión de conocimiento. Entre las demandas del mercado, y las de la sociedad, aulas, pasillos y laboratorios son escenarios cotidianos de las tensiones y dilemas éticos que atraviesan la práctica científico-técnica. También en nuestro INTI es tema de discusión interna en los círculos de calidad. La creación y funcionamiento en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología (www.eticacyt.gov.ar) consagra el reconocimiento oficial de esta agenda. El “caso Esquel” nos provee también de un ejemplo concreto que permite ilustrar los debates.

Acerca de la responsabilidad social universitaria
Por Lino Pizzolón*

“El fin principal de la educación debe consistir en estimular a los jóvenes para que discutan e impugnen las ideas que se daban por seguras. Lo importante es la independencia intelectual... permitir que los estudiantes pongan en tela de juicio las opiniones consagradas y a las personas que ejercen el poder. Es necesario que surjan nuevas ideas, que los jóvenes tengan el mayor aliciente posible para disentir radicalmente de las estupideces de su época. .... ”. Bertrand Russel,(Cartas seleccionadas).

Lo ocurrido en la ciudad de Esquel con respecto al megaproyecto minero fue para muchos docentes, investigadores y profesionales en general ocasión de una profunda reflexión sobre su rol en la sociedad, de un despertar de conciencia, de replanteo de la ética profesional, de profundización de convicciones y, en fin, de reaprender el sentido del propio quehacer. No fuimos los mismos después de eso.

El proyecto minero entró en la sede universitaria local de la mano de las connivencias con el poder político de turno, del deslumbre por ingresos adicionales de fondos y de la falta de percepción global de sus reales consecuencias. También, sobre una base epistemológica totalmente reduccionista, con división del conocimiento en compartimentos estancos, muchos profesionales - dirigentes adhieren a un concepto fragmentario de desarrollo, que han digerido sin cuestionamiento alguno.
La reacción interna tuvo lugar en espacios nuevos, como las “Cátedras Abiertas” y otros, que se crearon especialmente en respuesta a esta imposición y que abrieron canales diferentes a través de los cuales se empezó a dar el verdadero proceso de comunicación que la sociedad reclamaba (ver L. Pizzolon y A. Vartanián. 1993. Proyecto Minero en Esquel: educación y concientización). La opinión de técnicos y científicos no es de poca monta para el común de la gente. “Pese al deterioro general de la universidad nacional en las últimas décadas la comunidad percibe que el saber emanado de ella es el más desinteresado, el de mayor nivel y la mayoría lo acepta casi en forma indiscutida”(op.cit.).
Las presiones actuales del proceso de globalización -léase rapiña sistemática de recursos naturales y apropiación de tierras y cuerpos de agua, tal como lo vemos a diario en Patagonia y también a lo largo de toda la frontera agraria. -sobre los cuadros técnicos-científicos son inauditas, pues para poder lograr el consenso social necesario para llevar adelante sus proyectos, necesitan disfrazarlos de “participativos”, de “desarrollo sustentable” (Enrique Leff, 2002), etc. Requieren entonces servicios especializados para maquillar sus proyectos, imponiéndolos desde la autoridad y prestigio de una supuesta “objetividad” científica que no se discute; o desde la otra “autoridad” contemporánea, los medios y la “opinión pública”, construida con encuestas y estudios que “demuestran” los resultados que los sectores de poder necesitan. Requieren para esto, de técnicos y científicos dispuestos a dar “un empujoncito” final a sus conclusiones, a borrar determinadas líneas de datos que no conviene que se vean, a no investigar lo que debe investigarse, en definitiva, más dedicados a cuidar los intereses de sus contratantes que a una rigurosa búsqueda de la verdad. Un ejemplo de esto son los varios informes de prefactibilidad y el Informe de Impacto Socioeconómico del Proyecto Oro Esquel, realizados por un sector de la universidad. Según este último, para el Municipio de Esquel el 90 al 95 de la población decía SÍ al proyecto. Sin embargo, el plebiscito realizado en marzo del 2003, arrojó un 81% por el NO y demostró empíricamente que la población, debidamente informada, analizó, decidió y refutó categóricamente dicho “informe”.

Un verdadero profesional universitario no puede dejar de cuestionarse para qué y para quién está trabajando. Debe tener una percepción global y ser consciente del mundo en que vive, captar y cuestionarse el sentido de las fuerzas dominantes en él, no entregarse a ellas ciega o servilmente; debe ser capaz de anticipar las consecuencias de su propio hacer individual e institucional, y saber encontrar las herramientas para crear y proponer alternativas de cambio. El mito de Fausto actualiza su vigencia: no estamos en venta para enmascarar científicamente” proyectos destructivos del ambiente y justificar académicamente rapiñas de recursos naturales disfrazadas de desarrollo. Las fuerzas de la exclusión en función de intereses sectoriales se han desencadenado y lo observamos a diario en la acumulación de grandes “espacios de territorio, hasta hace poco fiscales, en manos privadas, por citar solo un ejemplo. Así como intentan la cooptación, también ejercen sanciones a quienes no se doblegan a sus intereses, como acaba de suceder con la decapitación del Programa Ganadero Regional de Río Negro, a pesar de la exitosa promoción de un verdadero desarrollo sustentable en el sur de la provincia, por su resistencia a la instalación del proyecto aurífero a cielo abierto Calcatreu.

Las reducciones presupuestarias y/o la necesidad de generar fondos adicionales a través de Servicios a Terceros ha llevado a muchos grupos universitarios cuando no a la institución entera, a compromisos laborales con empresas privadas, que incluyen frecuentemente cláusulas de confidencialidad muy estrictas, que impiden que la información sea difundida. El hecho es particularmente grave cuando se trata de proyectos que afectan el interés público de modos profundos o irreversibles, como era el caso del proyecto oro-Esquel. Esta situación afecta prácticamente a muchas universidades del mundo. Todo conocimiento científico de interés social tiene que ser forzosamente de conocimiento público. y tiene que comunicarse clara y respetuosamente, sin humillar ni subestimar al ciudadano “ignorante”, de modo que el mismo pueda expresar finalmente su voluntad informada.

No hacer públicos en tiempo y forma los estudios e informes, como ocurrió en el caso del proyecto minero en Esquel, es aceptar y promover la privatización del conocimiento y hace que la institución funcione en contra del colectivo social que la sostiene. En particular las cláusulas de confidencialidad en servicios a terceros por temas ambientales y de interés social deben considerarse antidemocráticas, totalmente incompatibles con la responsabilidad social y ambiental que debe caracterizar a los profesionales del sistema nacional científico y tecnológico y deberán ser prohibidas en una necesaria nueva “reforma” universitaria. En una colonia no hacen falta universidades. Pero en tanto nos asumamos como un país libre y trabajemos para ello, el rol de la Universidad y el papel de sus egresados es esencial.

* Profesor de Fisiología General, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia SJB; creó y dirige el Laboratorio de Ecología Acuática.

Contacto: Lino Pizzolon, linop@ciudad.com.ar