El incendio que iluminó el lado oscuro de las marcas de indumentaria*

A un año y medio de la denuncia penal sobre trabajo esclavo en la industria de la indumentaria presentada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Alameda; y a un año del incendio de Luis Viale 1271 que costó la vida a cuatro niños y dos costureros, es poco lo que se ha avanzado desde los tres poderes del Estado, tanto en lo que se refiere a la determinación de responsabilidades y castigo a los culpables, como a las políticas que asistan a las víctimas y les permitan una reinserción laboral digna. Son 72 las marcas top que han sido denunciadas desde octubre de 2005 a la fecha. La mayoría de estas firmas, tienen el común denominador de no poder trasparentar ni el origen de su capital, ni los lugares donde confeccionan sus prendas.

Hoy está claro que los talleres textiles basados en el trabajo esclavo no son una excepción, sino la regla. No son hechos aislados, sino un verdadero sistema de producción basado en la explotación de inmigrantes en estado de altísima vulnerabilidad social a fin de maximizar las ganancias. Dicho sistema se expande como mancha de aceite a rubros como las quintas, la horticultura, la ganadería, la fabricación de ladrillos y varias tareas de la agricultura y la construcción.

Cuando a mediados del año pasado el INTI lanzó el Programa de Certificación (voluntaria) de Compromiso Social Compartido, convocando a las grandes marcas a dejarse auditar en toda su cadena productiva, tan sólo un puñado de Pymes respondió al llamado, mientras las firmas top optaron por llamarse al silencio. Siendo ya 72 las marcas a las que se les han encontrado talleres clandestinos y negándose todas a ser auditadas por el estado, es una cuestión de tiempo revelar públicamente que la gran mayoría de las grandes marcas basan su producción y sus obscenas ganancias en el trabajo esclavo. Obviamente tal formidable sistema de violación sistemática de los derechos humanos, donde decenas de miles de inmigrantes son traídos mediante engaños de sus países de origen para ser sometidos a la más brutal explotación; donde se pagan centavos por prendas que se venden a precios astronómicos; donde la evasión en materia provisional, impositiva y de cargas sociales es varias veces millonarias no podría haber existido jamás si no hubiera sido con el consentimiento directo o indirecto, subjetivo u objetivo de importantes áreas del Estado.

Miles de esclavos pasan anualmente por las fronteras ante la mirada impávida de los funcionarios de migraciones; decenas de talleres pagan peaje a las comisarías y a los inspectores en los barrios de la Capital y Provincia de Buenos Aires. Parte de esas fabulosas ganancias de las marcas se vuelcan en pautas publicitarias para los grandes medios, editoriales y agencias de publicidad y para financiar en negro algunas campañas políticas. Las marcas no sólo se aseguran que el sistema delictivo siga funcionado, sino que además son "formadores de opinión" a través de los condicionamientos publicitarios a los medios, y "asesores" influyentes de estado, en la medida en que cotizan para las campañas de parte de la corporación política. Más temprano que tarde se sabrá si existe relación entre todo este sistema perverso y el lavado de dinero proveniente de otras actividades delictivas, del mismo modo que ocurre con los grandes diseñadores de moda en Italia a los cuales se les descubrió conexión directa con los talleres clandestinos que montó la camorra napolitana en el sur de ese país.

Si no hubiera sido por las víctimas de Luis Viale, por la lucha consecuente de los costureros de la Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros y por la valiente actitud adoptada por la Defensoría del Pueblo y otros organismos que siempre acompañaron como la OIM o el INTI, y en el último semestre la subsecretaria de Trabajo porteña, jamás la opinión pública hubiera conocido el sistema delictivo y mafioso que se esconde detrás del mundo fashion de las grandes marcas de ropa y de la necesidad de modificarlo.

*Por Gustavo Vera, Vocero de la Unión de Trabajadores Costureros y Presidente de la Cooperativa La Alameda. gustavovera64@hotmail.com

Una mirada empresaria*

La Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN) trabaja en diferentes temas que afectan al sector como la amenaza que genera la importación conjuntamente con la baja de aranceles, y la vigencia de una legislación anacrónica que impide la incorporación del trabajador a domicilio y el de los talleres de costura entre otros, dentro del trabajo formal. En estas condiciones es imposible motivar a los talleres, a que formalicen sus actividades con la legislación vigente; por el contrario se sigue favoreciendo la ilegalidad. El nuevo escenario comercial, generó la creación de gran cantidad de Empresas Micro, Pequeñas y Medianas, todas ellas integradas principalmente por personal dedicado al Diseño, Corte, Imagen, Administración, Expedición y Ventas, tercerizando los trabajos que requieren de mano de obra intensiva. CAIBYN esta trabajando desde 1993 en un proyecto, que a lo largo del 2006 y lo que va del 2007 ha puesto a disposición de las Autoridades Nacionales, Provinciales, Municipales y de las Cámaras afines, para su consideración.

El proyecto impulsa: que un Taller de costura de hasta 10 operarios, sea considerado un Micro emprendimiento; que el régimen de seguridad social a aplicar al personal de un Taller de costura, o a una trabajadora a domicilio, sea de similares características y alcances que el aplicado para el personal doméstico; que para facilitar las Habilitaciones de los Talleres de costura, se implemente una modalidad que a lo largo de 36 meses y dividido en 3 etapas, le permita alcanzar la habilitación definitiva:(habilitación precaria / intermedia / definitiva); proponemos un cambio cultural, que el inspector se transforme en un asesor; crear un Fondo de Desempleo y Ahorro, en cabeza de cada uno de los operarios afectados a los talleres de costura, o en su caso para las trabajadoras a domicilio y finalmente que el régimen de registración, ya sea de los operarios de un Taller de costura o el de una trabajadora a domicilio, se realice vía Internet, eliminando toda la actual burocracia administrativa.

Nuestra cámara trabaja pensando en el 96.80% de la industria de la indumentaria, promueve la realización de un trabajo responsable en conjunto con las Autoridades Nacionales y las cámaras afectadas por las mismas circunstancias como la del Calzado, la Marroquinería y el Suéter entre otros, para que entre todos encontremos la salida más adecuada. Estamos convencidos que para el 2007 podremos demostrar que cuando las fuerzas se suman, el éxito está Asegurado.

*Por Víctor Hugo Benyakar, Presidente de CAIBYN. info@benya.com.ar

Un año después*

No cabe ninguna duda que la tragedia de la calle Luis Viale marcó un antes y un después tanto para la opinión pública como para los actores directa o indirectamente involucrados en ella. Quedó claro que este nuevo “desastre anunciado” se habría podido evitar de haberse puesto en marcha con tiempo un sistema adecuado de verificaciones, y que ello no fue posible por los intereses creados en torno al funcionamiento criminal de la industria de la indumentaria.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma tuvo que hacer de la necesidad virtud e iniciar una campaña con la consigna "El Trabajo Esclavo Mata", organizando un sistema de recepción de denuncias y de inspecciones, modificando la legislación y recuperando la competencia de policía del trabajo delegada inconstitucionalmente en la Nación. También debió reconocer formalmente la importancia de la Cooperativa "20 de diciembre" y de la Unión de Obreros Costureros en la lucha contra el trabajo esclavo. La propia Legislatura de la Ciudad los reconoció, al expropiar y entregar a ambas organizaciones sociales el predio que ocupan en el ex bar La Alameda.

El Gobierno Nacional por su parte puso en marcha el programa "Patria Grande", que significa el principio del fin de la marginación de los trabajadores indocumentados. Asimismo la Secretaría de Derechos Humanos organizó un "Observatorio" para documentar la violación de los derechos de los inmigrantes bolivianos y el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) se autoimpuso la tarea de enfrentar este problema. La Justicia Nacional debió empezar a intervenir, sea procesando a los encargados del taller de la calle Luis Viale por homicidio culposo, o llevando a cabo una investigación sistémica de la trata de personas con fines de explotación laboral. La Procuración General de la Nación dispuso por su parte crear una dependencia a cargo de la lucha contra la trata de personas.

Todos estos logros son aún muy insuficientes y están empañados por la demagogia, la escasa voluntad, los temores, las influencias políticas y económicas y amenazados por la posibilidad del fracaso y la regresión. Sin embargo, dos años atrás estos avances eran impensables frente a un estado subordinado a los intereses económicos y una opinión pública indiferente u hostil. No debemos permitir que el árbol nos impida ver el bosque. Torcer el rumbo de desastre por el que veníamos transitando no es fácil ni sencillo. Demanda mucho esfuerzo y estudio, mucho compromiso y asumir riesgos.

*Por Dr. Mario Fernando Ganora, Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. mganora@defensoria.org.ar

La tragedia de la Calle Luis Viale*

El 30 de marzo se cumple un año de la tragedia sucedida en el taller textil de la calle Luis Viale donde murieran 6 personas de 25, 15, 10 y tres niños de 3 años de edad. ¿Y qué hacían niños y jóvenes en un taller textil en día y hora laborable?, será la pregunta necesaria para comenzar a desandar esta nota.

El segundo interrogante deberá ser ¿por qué los grandes medios periodísticos no le han brindado al hecho la merecida cobertura a lo largo de ese año? Pregunta ésta que tiene una sencilla y cruel respuesta: sus víctimas eran extranjeros (del latín "extraños") bolivianos, pobres y con documentación precaria. Triple condición que constituye el grado máximo de marginación y vulnerabilidad en el Planeta. En términos socio - políticos no existe en el mundo ser más indefenso que el migrante pobre e indocumentado ya que no tiene a quien acudir, en quien confiar, en dónde hacer valer sus derechos. En efecto, la consecuencia de esta triple condición no se materializa en otra cosa que no sea la persecución política, civil y social.

La tercera cuestión se explica no ya en clave de pregunta sino de aseveración. A saber: omisiones y complicidades de funcionarios, falta de controles, dudosas habilitaciones, desmedido afán de lucro de los dueños explotadores (en todos los sentidos de la palabra) de los establecimientos, el tuteo con la ilegalidad por parte de quienes tenían a su cargo las verificaciones, instalaciones inviables para el destino dado, superpoblación y hacinamiento, etcétera.

Terminamos con Davis (1993): "los trabajadores indocumentados domésticos -un grupo que crece rápidamente en varios estados europeos y en los Estados Unidos- a menudo no tiene contratos formales; sus condiciones laborales están precariamente respaldadas, debido a la naturaleza dispersa, aislada y privada de sus lugares de trabajo; sus objeto frecuente de abuso físico y sexual debido al encerramiento de sus lugares de trabajo".

En definitiva y volviendo al caso que nos ocupa, decimos que un año es mucho tiempo para dictar sólo dos procesamientos toda vez que hay una cantidad de actores involucrados que, por omisión o acción, colaboraran para que sucediera el incendio con sus muertes. Los dos socios - dueños del taller textil de Luis Viale son apenas los puntos más débiles de una cadena de comercialización que llega a las vidrieras de los shoppings más glamorosos de Buenos Aires y con prendas que tienen etiquetas cotizadas a valor dólar.

*Por Dr. Gabriel Chamorro, Abogado de costureros y familiares de victimas de Luis Viale. Docente de la Facultad de Derecho (UBA). gabchamorro@ciudad.com.ar