Así se titula el informe, resultado de un relevamiento de campo desarrollado durante los años 2006 y 2007 sobre los actores involucrados en la cadena de valor de la Industria Textil y de Indumentaria en Argentina, quienes directa o indirectamente están vinculados a la problemática del trabajo esclavo en los talleres de confección. La investigación, realizada en conjunto por la Organización Interrupción (www.interrupcion.net) y la Fundación El Otro (www.elotro.org.ar), es la continuación del estudio realizado entre 2004 y 2005 sobre esta misma industria, en el que se hizo foco sobre las desigualdades de género en el ámbito laboral y especialmente en la precariedad de las trabajadoras a domicilio. Éstas, al igual que los talleres, constituyen el primer y esencial eslabón dentro de la confección. Ambas investigaciones se enmarcan en el trabajo que lleva adelante la Red Puentes, cuya misión es promover el desarrollo de la cultura y las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en los países latinoamericanos desde la perspectiva, visiones y derechos de sus sociedades civiles. La red está integrada por 52 organizaciones sociales pertenecientes a 8 países de América Latina y Europa (www.redpuentes.org).

En la presente investigación ilustramos cómo la responsabilidad de las empresas debería ir mucho más allá del mero cumplimiento de la ley y cuál es el rol de Estado en este sentido. Para ello, realizamos un análisis integral de la problemática laboral en la industria de indumentaria, donde se identifican todos los principales referentes y actores involucrados, y se analizan los posibles escenarios de acción conjunta para iniciar un camino común y la eventual elaboración de una política pública para el sector.

El incendio ocurrido el 30 de marzo de 2006 en el taller ilegal de Luis Viale, en el barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires, donde murieron 2 costureros y 4 niños, fue el detonante para que tomaran un mayor estado público los reclamos que venían realizando durante los últimos años organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores Costureros, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Organización Internacional para las Migraciones, entre otras, en relación al trabajo esclavo en el sector de indumentaria. La situación también profundizó sus matices a partir de las denuncias presentadas durante 2006 por la Unión de Trabajadores Costureros, que involucraron a más de 70 marcas de reconocido nombre en el mercado local, donde se comprobó la existencia de talleres textiles clandestinos con violaciones a la dignidad de los trabajadores: extensas jornadas de trabajo, pago a destajo y por prenda, pago en negro, reclutamiento bajo engaños, retención de los documentos de identidad, explotación abusando de las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes, situaciones de semi encierro o reducción a la servidumbre, exposición a enfermedades como la tuberculosis, alimentación precaria e intimidaciones a los trabajadores.

La cadena de valor de la industria de indumentaria es compleja y de difícil fiscalización. La mayoría de la producción se encuentra tercerizada fuera de las empresas, generalmente en más de un taller. La masa crítica de talleres efectivos donde las empresas-marcas tercerizan su producción es incalculable, en parte, debido a la informalidad característica del sector y su atomización, y al terror impuesto por la coerción de los dueños de talleres clandestinos donde existe trabajo esclavo. Por otro lado, la normativa específica que regula las relaciones entre los talleristas y las empresas-marcas dadoras de trabajo, no fue aplicada como correspondía durante un largo período, debido a desinteligencias en materia de competencias jurisdiccionales y a la falta de decisión política. Se estima que el 80% de la confección de prendas tercerizadas en talleres se realiza bajo condiciones informales o violando los derechos humanos básicos. A lo largo de la investigación comprobamos que talleres como el de Luis Viale, donde los trabajadores corren riesgo de muerte por las malas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, no son hechos aislados: son el reflejo de un sistema de producción que provee a empresas-marcas importantes, basado principalmente en la explotación de inmigrantes vinculados a la trata de personas con fines de explotación laboral, así como de argentinos desempleados sometidos al mismo trato. Paralelamente, la gran mayoría del resto del sector de indumentaria, si bien no está vinculada a proveedores en estas condiciones de trabajo, es provista por talleres informales donde los trabajadores no están registrados.

Son varios los factores que permitieron que este sistema de producción ilegal sea la regla y no la excepción: el alto grado de informalidad que caracteriza al sector, la precarización del mercado laboral característica de la década del 90, la irresponsabilidad de las principales empresas-marcas respecto a la calidad de su cadena de valor (especialmente vinculado a los talleres que las proveen), y la falta de decisión política en los distintos niveles de gobierno para que existiera un sistema adecuado de verificación y control del trabajo en los talleres, así como un programa nacional integral de asistencia a las víctimas de trata con fines de explotación laboral.

Según las entrevistas de campo realizadas, se pone en evidencia que a raíz de la movilización social de las organizaciones vinculadas a las víctimas y al posicionamiento de la problemática en los medios, los distintos actores comienzan a manifestar mayor sensibilización frente al tema y, consecuentemente, mayor acción. En el ámbito nacional, la recuperación de las facultades por parte del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social en materia de supervisión del trabajo en las jurisdicciones locales permitirá, a través del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, reestablecer el foco en la disminución del trabajo no registrado y combatir la indocumentación de los inmigrantes a través del Plan Patria Grande. Mientras que en el ámbito local, la Subsecretaría de Empleo, Producción y Desarrollo Profesional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha hace un año todo lo referente a la regulación del trabajo en su jurisdicción (como la policía de trabajo) y próximamente tendrá la competencia de la Ley de Trabajo a Domicilio, la cual data de 1941. Desde esta autoridad se intenta abordar la problemática de una manera integral: sensibilizando a las víctimas para que denuncien a los talleres, articulando con actores sociales para la reinserción laboral de los trabajadores, promoviendo inspecciones preventivas en talleres para que regularicen su situación y difundiendo el programa de certificación de la cadena de valor para las empresas del sector diseñado por el INTI, entre otras.

Herramientas como la Certificación de Comportamiento Socialmente Responsable, diseñada y puesta en marcha por el INTI, son fundamentales para el sector ya que permiten darle visibilidad a aquellas empresas-marcas que quieren diferenciarse por tener una cadena de proveedores limpia de trabajo esclavo, generando incentivos positivos en el sector para revertir esta tendencia. En cuanto al sector sindical, existe pleno conocimiento de la problemática. El interés principal está puesto en lograr el mayor registro de sus trabajadores por parte de las empresas (garantizando el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo) así como en la sensibilización de los trabajadores en materia sindical. Los sindicatos deberían oficiar de canales fértiles para abordar la problemática de la informalidad en el rubro. En cuanto al sector privado, la presión por parte de los “stakeholders” o grupos de interés de las empresas resulta fundamental para que éstas asuman cada vez más responsabilidad respecto a su cadena de valor. Para que esta demanda sea equitativa y no genere distorsiones dentro del sector, es necesario diferenciar por tipo y tamaño de empresa: no todas están en las mismas condiciones y no todas tienen la misma responsabilidad. Resulta fundamental analizar el segmento del mercado de cada grupo y el nivel de ocupación que presenta para determinar las medidas que comulgan con los objetivos. La necesaria formalización del sector trae aparejado el incremento de los costos; de no existir mecanismos específicos para determinar la composición más justa y equitativa del precio establecido en cada eslabón de la cadena, este incremento inicial será directamente trasladado al precio final que pagará el consumidor.

La ciudadanía también debe intervenir con su poder de presión a través del consumo de aquellos productos que provengan de cadenas de valor responsables, donde esté garantizada la calidad no sólo de la prenda sino también del tipo de trabajo que esta conlleva. A la luz de lo expuesto, el problema parecería estar resuelto, pero nos preguntamos si es esto suficiente para combatir el trabajo informal y el trabajo ilegal. Los escenarios posibles de acción conjunta entre los actores son factibles en la medida en que exista diálogo entre el sector estatal, privado y sindical. Es en este ámbito donde se debería dar la discusión necesaria para diseñar políticas, tomar medidas realistas y equitativas en el sector, generando los incentivos económicos y políticos necesarios para que trabajar con una cadena de valor bajo condiciones de esclavitud ya no sea rentable para nadie.