Como propone el documento “¿Todo el poder al pueblo? El desarrollo comunal como componente de la democracia social”, recientemente escrito por el Ing. Enrique M. Martínez, Presidente del INTI (www.inti.gov.ar/pdf/TyGB.pdf), resulta muy apropiado poner en el centro del debate la relación entre democracia social, participación en la economía y territorio. Siempre me pareció que el problema de la democracia y la participación están estrechamente ligados al del “desarrollo”, la distribución de los recursos y el logro de cierta equidad, a nivel social y territorial. El desarrollo comunal o territorial no es una “solución mágica” que en sí misma pueda pensarse aislada, en relación a otras medidas y acciones necesarias del nivel provincial, nacional e incluso regional- internacional; pero sí es una estrategia necesaria, y muy válida, en la medida en que pone a las personas y recursos del territorio en una posición activa y de protagonismo en relación a su propio destino. La organización comunitaria resulta fundamental para evitar el pasivismo, clientelismo, victimización, desconocimiento y descompromiso de sus habitantes, que luego permite que tanto los intereses particulares, como las “fuerzas” del mercado terminen imponiendo la dinámica y rumbo del territorio.

El desarrollo territorial implica, como se dice frecuentemente, un cambio en el rol y actitud de los gobiernos locales,, pero en verdad considero, tal como señala el documento del INTI, que el mismo requiere además un cambio de este tipo en todos los actores del territorio: sector público, privado, social y del conocimiento, en relación al paradigma tradicional. La forma de acción y vinculación de éstos debe ser diferente, aprehendiendo nuevas formas de participación: información, toma de decisiones, planificación y gestión de acciones y proyectos conjuntos. Por su parte, considero que la “economía social” (con todos los debates que el término genera y que no se podrían abarcar aquí) es una estrategia que permite una mayor democratización de la economía, tanto en los procesos como en los resultados. Es decir, permite un mayor control por parte de sectores ampliados (en tanto capital desconcentrado) en cuanto a la toma de decisiones y a la distribución de los beneficios (qué modelo de desarrollo queremos, con qué fin, desarrollo para qué y para quién). En países con alta pobreza e informalidad como el nuestro -y la mayoría de los de América Latina- el desarrollo económico no puede plantearse solamente a partir de las empresas, grandes, pequeñas o medianas ya constituidas, sino que necesariamente debe darse una estrategia para este sector de grandes proporciones. En este sentido, considero que una estrategia válida sería el pasar de la economía informal al desarrollo territorial, a partir de la economía social. ¿Por qué la economía social? Porque la misma (entendida como una forma asociativa, autogestiva y solidaria de producir, distribuir y consumir, en base a las necesidades, la calidad de vida y el trabajo, y no al capital y la ganancia individuales) tiende a contrarrestar uno de los problemas fundamentales y que hace a la diferencia clave entre crecimiento económico y desarrollo: la forma en que se da la distribución y apropiación de los beneficios, las ganancias y riquezas producidas socialmente.

A partir de diversos estudios que hemos realizado, puede comprobarse que la economía social, en la forma cooperativa o asociativa de diverso tipo, permite desarrollar segmentos de una cadena productiva de manera mucho más equilibrada que a partir de las fuerzas del capital, asegurando mejores beneficios para el conjunto, promoviendo el desarrollo socio- técnico de las personas, con mayores encadenamientos, respetando la identidad y promoviendo el arraigo al territorio. En síntesis, permitiendo que una inversión determinada (no sólo de capital, también de trabajo y conocimientos) “derrame” en desarrollo del territorio y no en “enclaves” económicos (entendidos éstos como un crecimiento económico concentrado y en vistas al mercado exterior). Claro que los procesos de economía social y desarrollo territorial, requieren mayores esfuerzos de capacitación, aprendizajes colectivos, trabajo en red, acompañamiento institucional y regulación, así como la creación de nuevas formas o tecnologías, tanto duras como blandas, para la gestión asociativa, desconcentrada y a mediana escala. Es por ello que me parece sumamente importante que un organismo como el INTI sume esfuerzos en este sentido, en particular, a partir del proyecto de creación de un Centro de Investigación en Tecnologías para el Desarrollo Comunal, que permita tanto relevar las estrategias existentes, como a su vez crear y desarrollar múltiples tecnologías y formas apropiadas de trabajo, producción, gestión, distribución, que resultan sumamente necesarias hoy para poner en marcha este proceso de manera sostenida y a mayor escala.

Una estrategia de este tipo debería considerar que los territorios, comunidades y regiones deben tender a un mayor equilibrio entre lo que producen y lo que consumen, logrando una economía más integrada entre los diversos sectores que la componen (primario, secundario y terciario e intersectorialmente). En este sentido, coincido en lo que señala el especialista español en desarrollo local, Francisco Alburquerque, en cuanto a que el desarrollo de un territorio no se mide por su grado de apertura externa (como sostiene la ortodoxia económica) sino por su nivel de integración (cosa que no sucede en las economías latinoamericanas, no integradas ni diversificadas, como ya señaló hace tiempo Raúl Prebisch y el estructuralismo latinoamericano).

Especialmente en nuestro país, donde existen más de 2.200 gobiernos locales, de los cuales, al menos el 50% posee menos de 2.000 habitantes y más del 80% posee menos de 10.000 (IFAM, 2002), el planteo de un desarrollo sustentable requiere el trabajo en unidades territoriales mayores a lo local, a fin de tener una escala más adecuada en todos los aspectos: en lo socio-cultural (organizaciones, diversidad, sinergias y redes de actores); en lo económico (recursos, empresas, mercados); en lo ambiental (dada la continuidad del territorio más allá de las fronteras locales); en lo político-institucional (capacidades técnicas, de gestión, equipos, poder de negociación); en los aspectos técnicos y del conocimiento (instituciones técnicas, educativas, de investigación, de apoyo al territorio, etc). El desarrollo del nuevo Centro de Investigación propuesto por el INTI podría relevar, sistematizar y poner a disposición de los actores del territorio, numerosas experiencias que ya existen en este sentido; desarrollar tecnologías para la gestión asociativa, desconcentrada y a mediana escala; desarrollar sistemas de información territorial como insumo básico para la toma de decisiones, entre otras acciones que apunten a consolidar el desarrollo territorial de un modo más equilibrado.

* Socióloga, Master en Desarrollo Económico de América Latina. Especialista en temas de desarrollo, economía social y territorio.

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