El INTI fue sede del encuentro internacional “La cadena de valor del sector textil y de indumentaria, una mirada latinoamericana”,que se realizó del 9 al 11 de junio pasado. El objetivo fue intercambiar experiencias y métodos de trabajo, y generar acciones conjuntas para lograr mayor incidencia a nivel regional en el comportamiento de empresas del sector radicadas en América Latina. La meta: colaborar para mejorar las condiciones de trabajo en esta rama de la industria.
Las jornadas, organizadas por Fundación El Otro e Interrupción, contaron con la participación de representantes del Observatorio Social de Brasil, la Unión de Costureros y Cooperativa La Alameda de Argentina, el Programa INTI de Compromiso Social Compartido (CSC), la Red de Maquilas Solidarias de México, la Red Latinoamericana de Trabajadoras a Domicilio, Somo de Holanda, el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), Plades de Perú, y la Campaña Ropa Limpia de España. También se sumaron la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), FOCO, y organizaciones sindicales. |
El trabajo informal o hasta esclavo, como en el caso de Argentina, domina la cadena de valor de esta industria que registra un fuerte avance en la producción a nivel mundial, pero grandes retrocesos en los derechos de los trabajadores. Las marcas no son hoy las dueñas de las fábricas, y al tercerizar su producción, se desentienden de las condiciones laborales y ambientales en que son realizadas las prendas. Las organizaciones sociales intentan monitorear ese proceso, tratando de que las marcas tomen conciencia de su responsabilidad en la cadena y también las fábricas y talleres, mientras que organismos como el INTI les ofrecen mecanismos de asesoramiento, mejora continua y certificación para diferenciarse.
Las experiencias relatadas durante el encuentro dieron cuenta de un contexto con características similares en toda la región, que recibe la influencia de las tendencias internacionales: todos los países sufren las consecuencias negativas de la replicación del “modelo asiático” de producción, tienen marcos regulatorios y leyes insatisfactorias, padecen la ausencia del Estado en los controles y sanciones, cuentan con sindicatos débiles o desinteresados, bajo nivel de sindicalización, y reciben la presión y el impacto negativo de acuerdos de comercio internacionales, entre otros.
México y El Salvador vienen sufriendo el cierre de fábricas dejando a cientos de maquiladoras sin trabajo (80% son mujeres), mientras que en Perú, Brasil y Argentina el mercado crece para abastecer la demanda interna y externa y se multiplican los talleres de confección. En todos los casos hay una fuerte incidencia de inmigrantes ilegales en la actividad, mayoritariamente bolivianos en Argentina y Brasil, y chinos y centroamericanos en México, a quienes los dueños de talleres y maquilas suelen retenerles los documentos quitándoles su libertad de circulación.
Las condiciones de trabajo también son similares en todo el continente: las personas trabajan hasta 14 horas diarias en lugares cerrados, hacinados en muchos casos, con falta de higiene y ventilación, por salarios miserables ($1.50 la prenda en Argentina, u$s 80 la quincena en México). Unos 5.000 talleres trabajarían de esta forma en la Ciudad de Buenos Aires, y serían 150.000 los trabajadores textiles en Perú en condiciones de esclavitud.
Si bien cada país también tiene características propias, los participantes coincidieron en la responsabilidad que tienen las marcas en la situación, la importancia de involucrar a los consumidores en las denuncias, y la necesidad de trabajar con los sindicatos. El Estado, concluyeron, debe ser el garante principal para que marcas y empresas cumplan con las condiciones de trabajo adecuadas.
En El Salvador algunas marcas se acercan al Estado para lograr incidencia, y hasta contratan a las organizaciones sociales para que realicen el monitoreo de su cadena de valor. GMIES fue contratado por varias marcas para evaluar las condiciones de las empresas (fábricas/talleres) en las que se producían sus prendas, y se lograron resultados positivos como la recontratación de trabajadores despedidos. Pero no se observaron mejoras en el nivel de acosos sexuales ni en el de salarios, ni en la libertad de asociación gremial.
Junto al monitoreo es importante la capacidad de denuncia. Éstas posibilitan la multiplicación de las acciones porque entran en la agenda pública los conceptos de reivindicación planteados, afirmaron los participantes. Gustavo Vera de la Cooperativa La Alameda, fue contundente al respecto: “en la medida que no tienen impacto mediático, no mueven estructuras. Lo que más le duele a una marca no es un juicio sino el daño a la imagen”.
El aporte de Campaña Ropa Limpia (CRL) fue en ese sentido. A través de su “sistema de acciones urgentes”, cuando se produce un caso puntual de violación de los derechos laborales, los activistas documentan y presionan a la marca provista por la fabrica denunciada. “El objetivo es destacar que no hay impunidad para la esclavitud”, afirmó Albert Sales, de CRL España: “aunque haya impunidad legal, no la habrá a nivel de imagen.”
Tras delinear las características de la industria en América Latina, quedó claro que es imprescindible visibilizar la situación, capacitar a los trabajadores en derechos humanos y laborales, trabajar con las universidades y jóvenes diseñadores en el concepto de “diseño limpio y sostenible”, monitorear y denunciar a las marcas y a las empresas “sucias”, y realizar una campaña de concientización hacia los consumidores. Ampliar el concepto tradicional de calidad, al de la calidad total que incluye producto, proceso y relaciones de producción, condiciones ambientales internas e impactos externos. Estos conceptos deberán constituir una oportunidad y un diferencial competitivo de las marcas en un futuro cercano, una vez que los consumidores los visualicen e internalicen. Una nueva generación de diseñadores y emprendedores de moda aguardan por ello. |