Unas 40 organizaciones sociales de América latina se reunieron en San Pedro Sula, Honduras, para compartir experiencias y analizar la situación de trabajadores de la industria textil y debatir estrategias para influir en los actores involucrados. “AMF3. Derechos laborales en una cambiante industria”, fue la denominación del seminario efectuado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, convocado por la Red de Solidaridad de la Maquila (RSM) y el Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH).

Los representantes de las entidades, entre los que estuvieron varios de la Red Puentes, de la Argentina, trataron los impactos que puede ocasionar el fin del sistema de cuotas de importación (Acuerdo Multifibras-AMF) y otras políticas y acuerdos de comercio sobre las industrias nacionales de confección, qué cambios podrían darse en adelante que afecten los salarios, condiciones laborales y derechos en general, y qué estrategias y alianzas nuevas podrían generarse para enfrentar esas situaciones e impulsar mejoras en la situación laboral de los trabajadores.
La situación es compleja y la comparten todos los países donde se alojan las maquilas (Nicaragua, República Dominicana, Honduras, El Salvador, México, Costa Rica y Guatemala): la flexibilización laboral, la falta de libertad de asociación, la ausencia de un salario decente y la movilidad de las fábricas que no cumplen con las leyes y evaden impuestos.
Muchas acciones se encararon en la última década para enfrentar abusos, donde mujeres y hombres fueron forzados a aceptar condiciones laborales violatorias de sus derechos, por falta de otras alternativas. Sin embargo, las mismas organizaciones reconocieron que no fueron suficientes ya que las maquilas todavía subsisten, las leyes siguen sin cumplirse y los trabajadores continúan siendo explotados.
De todas formas, hubo algunos logros, como la concientización cada vez mayor de los trabajadores, luego de movilizarse para reclamar, por ejemplo, que se les pagaran indemnizaciones ante el cierre de una fábrica, o para armar un sindicato donde les estaba prohibido. También se logró que las marcas, en algunos casos, se involucraran y pidieran a las fábricas (sus proveedoras) que revisaran sus políticas y respetaran los derechos laborales del personal.
La gran preocupación compartida es cómo lograr sustentabilidad en las acciones. No hay todavía un verdadero compromiso de las marcas, salvo excepciones, ni de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni tampoco de los gobiernos, que son claves para garantizar que los derechos se cumplan.
“Lograremos sustentabilidad en la medida en que fortalezcamos al Estado”, dijo Maritza Paredes, directora del EMIH. “No se respeta el derecho a ejercer la ciudadanía –agregó-. Muchas trabajadoras del sector agropecuario esperan que lleguen las maquilas porque no tendrán que estar más bajo el sol”. El 80 % de esas personas son mujeres, muchas menores de edad, que sobrellevan prolongadas jornadas, sin percibir horas extras ni prestaciones sociales, con pocos minutos de descanso por día y pagos atrasados. Por otra parte, las empresas incorporan cada vez más hombres, porque los dueños de las fábricas los consideran menos problemáticos, ya que no necesitan, por ejemplo, licencias por maternidad.
La situación es similar en la Argentina, Colombia y Perú, donde no hay maquilas pero sí talleres informales e ilegales, y muchas trabajadoras a domicilio que ni siquiera están registradas.
Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra (MEC), de Nicaragua, afirmó que “el Ministerio de Trabajo actual intenta mejorar las cosas, pero tenemos que insistir en la responsabilidad de las marcas y trabajar en un convenio marco con perspectiva de género para regular la industria en Centroamérica”.
“Ninguna reforma puede ser sostenible si no hay masa critica fuerte al respecto y si el Estado no se involucra”, expresó Carolina Quinteros, del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES).
Las marcas, que encargan sus prendas a las maquilas e incluso supervisan las producciones y exigen tiempos para las entregas, suelen desentenderse de las condiciones laborales. Sin embargo, algunas van prestando un poco más de atención. “Si bien la preocupación de las marcas es una cuestión de negocios, nosotros tenemos que aprovechar eso para incidir”, argumentó Lynda Yanz, a cargo de RSM, organización con más de diez años en la realización de campañas para denunciar malas prácticas en las maquilas e intentar acuerdos con las marcas. “Estas incluso prefieren y necesitan auditorías y regulaciones de gobierno porque las consultoras privadas tienen fallas y altos costos”, agregó.
En este sentido se habló también de los códigos de conducta como herramientas de presión y control sobre las empresas y acerca de los efectos negativos que tuvo el fin del Acuerdo Multifibras en casi toda la región, provocando más desempleo; fuertes migraciones y consecuentemente rupturas familiares por necesidad de trabajo, y hasta peores condiciones laborales para quienes no tuvieron opción de ingresar en otras fábricas. “Tenemos que lograr mejoras para los trabajadores pero sin que las maquilas se vayan”, coincidieron varios asistentes, quienes señalaron, asimismo, que “sin organización no se podrá avanzar”.
El encuentro finalizó con el compromiso de todos para encarar acciones conjuntas, dejando en claro que la responsabilidad es de todos los actores: Estado, marcas y fábricas. Como propuestas, se planteó explorar consensos por parte de las organizaciones; buscar mediaciones para ver qué intereses tienen en común los diferentes sectores en la cadena de valor; entablar demandas conjuntas a nivel internacional, y exigir que los derechos laborales sean integrados a los derechos humanos.
Contactos:
www.maquilasolidarity.org y www.emihonduras.org
En la Argentina: Luciana Malamud de la Red Puentes, comunicacion@elotro.org.ar
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