La justicia social es la bandera de toda propuesta política sensible a los intereses populares. Sin embargo, no resulta simple ni homogéneo precisar qué es la justicia social. Una respuesta positiva hubiera sido relativamente válida hace medio siglo en casi toda Latinoamérica, cuando el justicialismo, por ejemplo, sostenía en Argentina que “gobernar es crear trabajo”. Una sociedad con pleno empleo, distribuido al interior de un universo de pequeñas y medianas empresas. Un Estado fuerte, responsable de la educación y la salud al alcance de todos y además involucrado en forma directa en la producción de bienes y servicios. Un sindicalismo organizado y aguerrido, que presione para el aumento sistemático del salario real. Movilidad social ascendente, igualdad de oportunidades creciente y, por lo |
tanto, mejor calidad de vida individual y colectiva. A eso se llamaba por estas tierras un horizonte de “justicia social”. En medio siglo buena parte del marco de referencia cambió. En algunos casos en términos sólo cuantitativos. En otros, aún cualitativamente. En los países capitalistas, nada transitó hacia una mayor equidad. Aumentó la concentración económica; aumentó la pobreza; aumentó la diferencia de ingresos entre extremos de la comunidad. Como casi obvia consecuencia adicional, aumentó la violencia social en cualquiera de las facetas que se quiera medir. Más aún, la concentración de poder económico ha superado definitivamente los límites de las fronteras nacionales y las corporaciones se han impuesto a los gobiernos.
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