Un estado ahí

Se ha discutido largamente - a nuestro criterio con poco resultado
práctico - sobre las características que debe tener un Estado ágil y eficiente en la Argentina. Sin embargo, no hay mejor manera de avanzar en la definición correcta que evaluar algunas situaciones prácticas, donde la presencia o ausencia de la acción pública modifica un escenario de manera categórica.
Una norma sobre la importación de calzado es un ejemplo muy valioso.
En julio de 1999, la Secretaría de Industria emitió una Resolución que obligaba a los empresarios a suministrar información acerca de todo calzado que se comercialice en el país.
Esta medida fue muy tardía respecto de la ola importadora que barrió con el sector desde comienzos de los años 90, pero al menos buscaba acotar los abusos que se producían por mala identificación del calzado. Así, se pedía que el INTI certificara el material de la capellada, del forro y de la planta de un calzado y el país de origen, antes de comercializar una familia de calzado. En buen romance, una forma de evitar que el gato fuera liebre, ya que incluso se debía señalar si el cuero - en caso de utilizarse - era flor, descarne, aglomerado, imitación, etc. El mismo grado de detalle se pedía para los componentes de caucho, plástico o tela.
En algo menos de cuatro años el Centro del Cuero del INTI, responsable del informe final inspeccionó 125.000 pares de calzado; tomó muestras de 13.200 pares y emitió 11.568 informes técnicos. Esto sirvió para ordenar el sector y especialmente, para definir ante la Aduana y el mercado mayorista, qué era cada cosa.
En abril pasado una nueva Resolución, esta vez de la Secretaría de Defensa de la Competencia, suspende la aplicación de algunos artículos de la norma del año 1999, eliminando la intervención del INTI y admitiendo en cambio una declaración jurada del productor o importador. A pesar de esto, algunos grandes comercializadores locales le siguen exigiendo a sus proveedores el informe del INTI lo cual es una medida directa de la necesidad de un referente técnico en el sector.
¿Por qué se dictó la medida de abril? A nuestro criterio, por aplicación de una visión cortoplacista, que supuso que el efecto neto era una medida paraarancelaria, para frenar las importaciones y que esa iniciativa ya no era necesaria a consecuencia de la macro devaluación del 2002. Sin embargo, aún en esta limitada visión la decisión es riesgosa, porque las importaciones desde Brasil crecieron 50 por ciento en el primer trimestre del año en comparación con el 2002. En verdad, propondríamos pensar en grande. Esto quiere decir avalar la necesidad de un estado activo e inteligente, que participa sólo cuando es necesario, pero en tal caso lo hace con fuerza y capacidad técnica. Si esto es así, se debe derogar la Resolución 44/03 de la Secretaría de Defensa de la Competencia.